Hace pocos días, jóvenes hipoacúsicos, en declaraciones formuladas a nuestro diario, manifestaron su queja por las dificultades que se les presentan cada vez que tratan de insertarse en el mercado laboral de Tucumán.

Como es sabido, existen varias normativas nacionales referidas a la integración social de los discapacitados. La Ley Federal de Educación (24.1951) los incluye en el proceso de aprendizaje, la ley 24.657 crea el Consejo Federal de Discapacidad, y la ley 22.431 dispone que el Estado -además de los organismos descentralizados, empresas oficiales y privadas concesionarias de servicios públicos- debe dar cabida a discapacitados idóneos, en una proporción no inferior al 4 por ciento de la totalidad de sus plantillas. Pero, en la realidad, esta norma no excede la condición de teórica.

Según una abogada del instituto contra la discriminación (Inadi), el problema es que no la ley prevé sanciones a quienes incumplen la inclusión que ordena la misma norma.

Y así es como, para quien no oye, el hallar un puesto de trabajo, tanto en el Estado como en la actividad privada, se convierte en algo extremadamente dificultoso.

Cierto es que el poder público ha asignado pensiones a los afectados por esa discapacidad. Pero sucede que, por una parte, tal ayuda no es suficiente para mantener un hogar. Y por la otra, que no se trata solamente de dinero: desempeñar un empleo representa la satisfacción de la imprescindible autoestima personal y el logro de un legítimo punto de los derechos humanos.

Es necesario recordar que la vigencia de esos derechos debe necesariamente fundarse en una integración que respete la diversidad. La sociedad tiene el deber de reconocer el ejercicio integral de la dignidad de las personas, y de sus facultades de participar plenamente de la vida, en todos sus aspectos.

Así lo manifestó, a propósito de los hipoacúsicos, la calificada opinión de una jurista, en nuestra edición del 12/12/06. Subrayó que "la democracia implica la convivencia, sustentada en el reconocimiento de la igualdad de derechos y deberes en los ciudadanos de una comunidad". Porque, justamente, "vivir con otros es participar en la construcción de un tejido que sostenga esa trama de convivencia, la praxis humana".

Nuestros entrevistados insistieron en un aspecto que los posibles empleadores generalmente no consideran. Este es que la sordera nada tiene que ver con la capacidad intelectual: como que hay numerosos hipoacúsicos que obtuvieron grados universitarios en forma normal. Y por ello es que, evidentemente, tienen posibilidades para desempeñar un elevadísimo porcentaje de esos trabajos que hoy, incomprensiblemente, se les niegan.

Pensamos, entonces, que se hace preciso adoptar medidas para corregir tan injusto panorama. Se nos ocurre que la acción puede pasar por tres vías.

En primer lugar, debe hacerse cumplir la ley sin excepciones. Como dice el legislador consultado, Jorge Mendía, ante cualquier inobservancia, corresponde que los afectados pongan en marcha las presentaciones administrativas y judiciales enderezadas a hacer respetar la norma.

En segundo término, parece necesario implementar, simultáneamente, un sistema que oriente a los discapacitados dentro del mapa laboral: es un aspecto que no parece haber sido considerado debidamente hasta ahora. Y en tercero, pensamos que debe iniciarse una amplia y enérgica campaña de concientización de la sociedad. A fin de que ella materialice, con hechos, ese reconocimiento a la diversidad, que es un rasgo fundamental de la democracia bien entendida.